A vueltas con el oficio de político

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MANUEL ALCÁNTARA

Cuando hace cuatro años publiqué El oficio de político (Madrid: Tecnos) era consciente de que el asunto no solo era relevante desde la disciplina a la que me dedico sino que también era pertinente para el debate que se estaba abriendo en la sociedad española. El clamor en las plazas en torno al “no nos representan” ponía el dedo en la llaga de uno de los tres principales problemas que, según las encuestas, teníamos los españoles en el momento cumbre de la Gran Recesión: la clase política. Desde entonces la cuestión no ha dejado de estar presente en el debate, ya fuera en términos de la pertinencia de la profesionalización de la política y en la necesidad del cambio de caras, como, en mucha menor medida, en relación con los atributos que debieran tener los profesionales de calidad en el ámbito de esa función.

Para poner las cosas en su sitio permítaseme en primer lugar plantear una cuestión conceptual que habitualmente no se aborda por considerar que es trivial o, simplemente, porque se trata de un lugar común tan vulgar que, aparentemente, no vale la pena plantear. ¿Quién es un político? El tema no es baladí porque de su respuesta se puede llegar a dilucidar, por ejemplo, si sobran o no políticos. Por otra parte, si se quiere precisar quienes conforman “la casta” conviene tener claras las cosas. Mi respuesta es sencilla: en primer lugar, y por excelencia, lo es toda aquella persona que es elegida en un proceso electoral competitivo para cargos de representación popular. En segundo lugar, aquella persona designada discrecionalmente por personas del primer grupo en cargos de confianza –y que por lo tanto dependen en su continuidad de la discrecionalidad de quien le nombró– para llevar a cabo una actividad que tiene que ver con decisiones de poder en el ámbito público. En tercer lugar, quienes son miembros de partidos y fundaciones políticas y ocupan cargos de responsabilidad y decisorios en los mismos. Finalmente, quienes estando formalmente retirados han sido figuras relevantes en cualquiera de los tres grupos citados y siguen manteniendo una destacada influencia.

Esta elucidación de la figura del político se complementa cuando se integra el término “profesional”. Entonces el político profesional es aquella persona que recibe una remuneración estable durante el periodo que dura su función procedente del erario público o del de institutos con personalidad pública dedicados a la política (partidos y/o fundaciones). Alguien que, en términos bien conocidos de Max Weber, vive de la política, aunque no quede muy claro ni cuanto es el porcentaje razonable que deben suponer los ingresos procedentes de la política en el conjunto de ingresos totales obtenidos, ni la forma en que se puedan medir otros intangibles derivados del uso simbólico del poder como, por ejemplo, la reputación o la influencia.

En España, desde tiempo inmemorial, la figura del político no ha gozado de una valoración positiva, aunque una vez desaparecido del escenario algunos hayan llegado a alcanzar veneración de la gente. Ya en el paso de Sancho Panza por la gobernación de la ínsula Barataria queda bien de relieve la opinión de Cervantes acerca de la vinculación de la acción política con el enriquecimiento de los gobernantes. La tradición anarquista añadió a esa prevención la cuestión de que quien aceptaba un puesto de representación por ese mismo acto se convertía en un traidor. Fuera del ámbito español dos de los primeros estudiosos de los partidos políticos a inicios del siglo XX en Gran Bretaña, Estado Unidos y Alemania, Ostrogorski y Michels, ya señalaron en qué manera los políticos se convertían en una clase cerrada que buscaba, por encima de cualquier consideración, satisfacer sus intereses y mantener su statu quo a toda costa. En definitiva, constituían una casta, para referirme a un término que ha cobrado vigencia en los últimos tres años. Sin embargo, estos mismos autores y la enorme evidencia empírica acumulada desde entonces han puesto de relieve que los profesionales de la política son una realidad consustantiva con el devenir de la política en los últimos cien años. Es decir, no se trata, por consiguiente, de una cuestión normativa; los profesionales de la política están en ella porque son funcionales a su desempeño.

La política es un oficio y cuenta con individuos que se dedican a ella de manera apasionada y, en un número destacado de casos, con pretensiones de continuidad, aunque en otras sirva de trampolín para alcanzar otras posiciones, obteniendo una remuneración por ello. Lo primero hace alusión a una supuesta vocación vinculada a una variopinta gama de cuestiones que enlazan temas contextuales de carácter familiar y social con otros de naturaleza íntima, como puede ser una razón existencial, el altruismo, la pura ambición o la vanidad. Lo segundo se refiere a la dedicación remunerada a una determinada tarea que, poco a poco, va adquiriendo connotaciones de cierta expertise rodeada de habilidades que pueden ser naturales o adquiridas, en términos tan diferentes como la empatía o la oratoria, la capacidad de facilitar los pasos para alcanzar consensos o de comunicar, la destreza de entender los problemas del momento o de interpretar demandas sensibles de grupos sociales afectados.

No obstante, a diferencia de otras profesiones, el oficio de la política depende de un medio de entrada muy singular definido por las elecciones. Este es así en la mayoría de los casos aunque un selecto grupo entra de forma directa en puestos de designación. El éxito en las urnas es tanto la prueba de entrada como la reválida del político. Por consiguiente, se trata de una actividad cuyo mecanismo de ingreso no depende estrictamente de uno sino que debe contar con el beneplácito de la gente y la acomodación a mecanismos institucionales intermediarios como son, en la mayoría de los casos, los partidos políticos (la excepción son los mecanismos que privilegian las candidaturas independientes) y en toda circunstancia los sistemas electorales.

La vinculación del político a la dinámica electoral introduce al menos dos cuestiones a tener en cuenta: el criterio meritocrático podría ser una condición necesaria en su andadura, pero en ningún caso es suficiente, y la inestabilidad en el ejercicio del oficio es su estado natural. Es bien conocido que los procesos electorales en determinadas situaciones premian a candidatos ungidos de notoriedad por su dedicación al mundo del espectáculo o al de la comunicación, pero también a millonarios que pueden costearse campañas electorales caras, en aquellos países donde no se imponen topes al gasto electoral, o a simples individuos que encuentran esporádicamente una ventana de oportunidades. La evidencia señala para estos casos que las motivaciones para su elección por amplios sectores de la ciudadanía se alejan de cualquier consideración acerca de su preparación e idoneidad. No importa incluso que se falsifiquen títulos universitarios, que se oculten sus biografías o que los candidatos no acepten debates públicos en los que testar ciertas habilidades o el grado y profundidad de su conocimiento en temas diversos. Como se dice coloquialmente, el voto lo borra (lo perdona) todo.

Por otra parte, al condicionarse la vida activa del político al ciclo electoral, éste es consciente de que su actividad está cercenada por periodos limitados. Sin embargo, y como ocurre en muchas otras tareas, los individuos desde el inicio comienzan a desarrollar estrategias que aseguren su continuismo. Descontado el impulso que supone la vocación en sus expresiones señaladas más arriba, estas maniobras se encuentran animadas por la propensión humana que busca la certidumbre, pero también por una economía de escalas según la cual el rédito de lo invertido consiste precisamente en acumular experiencia, algo que en sí mismo es un activo muy importante en cualquier actividad humana. Complementariamente, los políticos, a diferencia de otras profesiones, tienen ellos mismos la llave que regula su quehacer. La legislación electoral que pudiera condicionar su reelección, por ejemplo, está en sus manos, así como la capacidad para asignarse su propia retribución.

Esta situación configura el escenario en el que hoy se mueven la mayoría de los países y que convive con tres cuestiones en las que se registran profundas diferencias en el universo. La primera tiene que ver con la existencia o no, y en caso afirmativo su peso preciso, de una administración pública estable y configurada por criterios de mérito, publicidad y competencia, contando con una retribución digna. Cuando se da, supone un freno a las pretensiones de los políticos en el frente que tiene que ver con su expansión, bien sea mediante la ocupación de espacios por la propia clase política o por allegados, en clave de nepotismo o de clientelismo.

La segunda se vincula al mercado laboral existente en un país, en concreto en lo atinente al nivel de ocupación (tasa de empleo) y a los niveles salariales existentes. La política se convierte en un botín cuando los sueldos están deprimidos y la desocupación es alta, entonces la mayoría de los ojos críticos sancionan su proceder al que consideran intolerable.

La tercera se relaciona con el activismo social existente y el mayor o menor grado de dejación de responsabilidades colectivas en manos de terceros. En sociedades activas, movilizadas y responsables muchas tareas son llevadas a cabo por distintos sectores comprometidos con el bien común. Se trata de acciones en la mayoría de los casos voluntarias y altruistas; sin embargo, en situaciones de anomia social, de bajos niveles de capital social y de desinstitucionalización del sistema, el político, en tanto que intermediario, se vuelve imprescindible y su papel cobra inusitada prestancia.

En este estado de cosas, ante la proclama, o mejor el exabrupto, de que “se vayan todos” y sabedores de que nunca se fueron o, quizá, de que vinieron otros para quedarse, ¿qué se puede hacer para intentar conseguir que el oficio de político adquiera ciertos niveles de calidad? ¿Es posible? ¿Es necesario? La respuesta normativa a la tercera pregunta es necesariamente afirmativa. Resultan más complicadas las respuestas a las otras dos preguntas. Dedico a ello el último tramo de estas notas.

Distintos trabajos han subrayado que si bien la calidad del político es difícil de definir por vincularse determinantemente a la tarea específica que desempeña (lo que hace y los requisitos que requiere un concejal para llevar a cabo su actividad tienen poco que ver con un senador y ya no se diga si se incorpora a la comparación cualquier miembro del Ejecutivo sea en un nivel u otro) deben tenerse en consideración la integración de tres tipos de variables: la formación genérica, la experiencia y cierta proclividad fenotípica. Todo ello, sin embargo y como se ha dicho más arriba, puede ser soslayado por quien gana una elección lo cual supone una especie de contar con una carta blanca.

En este sentido se deberían incorporar mecanismos imperativos a ser satisfechos en el periodo preelectoral. En concreto dos de carácter obligatorio: en primer lugar la exposición pública de la trayectoria previa llevada a cabo por el candidato en clave curricular cubriendo no solo la parte de estudios realizados sino del patrimonio con que cuenta así como de las actividades llevadas a cabo en el orden profesional, social y en cualquier otro pertinente para la tarea que potencialmente se fuera a realizar en el cargo al que se aspira. En segundo lugar, la confrontación y debate público con otros candidatos y con miembros de la sociedad civil tanto sobre aspectos del punto anterior como con respecto al programa propuesto para ser realizado en caso de resultar electo. Si mediante ambas instancias la transparencia cobra especial protagonismo, bajo la segunda se pretende conseguir limitar lo más posible la configuración de candidatos “a la carta” creados por asesores y firmas de marketing político.

Una vez en el ejercicio de la política se deberían potenciar los mecanismos de rendición de cuentas de carácter institucional y enfatizar los que promueven la transparencia mediante el conocimiento público de la agenda del político. En términos salariales debería abrirse una discusión ciudadana en torno al salario razonable que deberían tener los diferentes niveles de actuación política sin dejarlo al albur de la propia clase política ni a ocurrencias demagógicas de algunos de sus miembros. Parto de la premisa de que la actividad política si se quiere de profesionales que desempeñen bien su papel no debe de estar mal pagada. Por otra parte, el político debe asumir que su privacidad queda notablemente reducida ya que un político lo es las 24 horas del día, lo cual significa que su vida fuera del hogar pasa a ser minuciosamente seguida por la audiencia, y en mayor grado cuanto más conocido es. De nada sirve aludir al carácter privado de un acto cuando se lleva a cabo en un espacio público (la calle, un restaurante, un evento deportivo, etc). Finalmente, los políticos deben contar con gabinetes de apoyo integrados por profesionales capacitados técnicamente y que en la disyuntiva de situar su quehacer en el seno del partido o de la institución donde el político lleva a cabo su actuación, sea resuelta por una amplia deliberación social.

Las elecciones del 20D son una nueva ocasión para replantearse algunos de estos temas. Por otra parte, es también el momento de evaluar si es cierto que uno de los problemas que se constatan desde la Ciencia Política es la distancia que a veces se da entre sus presupuestos normativos y sus preocupaciones teóricas con lo que realmente esperan y desean los ciudadanos.

 

Manuel Alcántara es un politólogo latinoamericanista. Catedrático, profesor e investigador de la Universidad de Salamanca
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