El “Brexit” y los costes de la “No Europa”

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JUAN JOSÉ ÁLVAREZ

Tras la celebración del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE casi todo el debate político y social se ha centrado, como casi siempre, en buscar un “culpable”. Para unos el error ha radicado en someter a consulta ciudadana una cuestión tan compleja. Para otros es una irresponsabilidad consultar al pueblo acerca de cuestiones que “no puede llegar a entender”. Son muchos los que afirman que la actitud de David Cameron ha sido políticamente “irresponsable” pero pocos han reflexionado acerca de una cuestión clave: la necesidad o no de mayorías cualificadas para la validez democrática de la toma de decisiones tan catárticas y que implican unas consecuencias de repercusiones tectónicas como es la inédita situación derivada de la salida de la UE por parte del Reino Unido.

La realidad es que el Reino Unido ha quedado dividido territorialmente (los resultados del referéndum muestran la voluntad de los ciudadanos de Escocia e Irlanda del Norte de permanecer en la Unión y los votantes ingleses les han expulsado de Europa, factor que reaviva y reactivará el deseo de independencia de dos naciones que instarán la exigencia de un referéndum interno antes de que finalice el proceso transitorio de salida del Reino Unido de la UE) y, lo que es mucho más grave, ha fracturado generacionalmente al país: los menores de 25 años –aquéllos que más se van a ver más afectados por la decisión– han votado a favor del remain de forma abrumadora.

Las consecuencias de esta decisión son conocidas en lo formal pero impredecibles en su alcance. Por el momento, el Reino Unido permanece en la Unión y vinculado a su Derecho y no se produce ninguna afectación automática para los ciudadanos y las empresas. Por primera vez en los casi sesenta años de historia de la UE se abre el procedimiento previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión por el que un Estado miembro puede ejercer voluntariamente su derecho de retirada. Formalmente, el plazo de negociación es de dos años desde la comunicación de la decisión de salida. Sin embargo, existen distintas vías todavía por definir en relación a su implementación y a sus tiempos.

Cualquier ejercicio de análisis acerca de cuáles puedan ser las consecuencias de dicha salida es hoy una pura especulación. Aunque empiezan a circular las notas que tratan de anticipar la afectación jurídica que se producirá en los diferentes sectores económicos, lo único cierto es que es del todo imposible preverla, pues depende de los términos del tratado internacional que debe negociarse y que hoy constituye una pura hoja en blanco.

La convocatoria por parte del ahora ya ex primer ministro británico David Cameron del referéndum sobre la continuidad del Reino Unido o no como Estado dentro de la Unión ha removido las aguas políticas en el seno de la UE. ¿Debemos avanzar como una mera EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) o como un verdadero Estado federal de los Estados Unidos de Europa? Tal vez ese debate facilite aclarar el camino que debe marcarse a futuro en la construcción europea y ofrezca así la oportunidad a Europa de reafirmar qué quiere, qué queremos ser realmente los europeos.

Las históricas tensiones entre dos formas de entender el proyecto europeo (una mera suma de mercados, a la inglesa; o una verdadera integración política, reivindicada por una amplia mayoría de Estados del continente) han tenido reflejo, por ejemplo, en la oposición británica a la PAC (Política Agrícola Común), que dio origen a la compensación en forma de “cheque británico”; o en la oposición a entrar a formar parte del Acuerdo de Schengen (el gran paso político que permitió la supresión de los controles fronterizos internos); o en la negativa a formar parte de la unión monetaria; o en la obtención del privilegio, a base de amenazar con su veto, de que todo lo legislado en el área de libertad, seguridad y justicia les afecta directamente, de forma que es necesario consultarles cada vez que se elabora una normativa en esta materia. Ahora debemos afrontar sin vacilaciones la pregunta sobre si avanzar hacia una mayor integración o hacia nuestra desintegración.

¿Es Europa una potencia en decadencia o emergente? ¿Representa Europa como construcción política un modelo de sociedad que, pese a sus defectos e imperfecciones, merezca la pena ser defendida? ¿Ha olvidado esta Europa política que su verdadera razón de ser somos los ciudadanos? Europa suscita más interrogantes que respuestas, porque vivimos en una época de transformación radical de nuestros marcos de referencia, provocada por una nueva realidad globalizadora emergente. Los Estados ya no tienen capacidad para abordar unilateralmente todos los problemas derivados de ese complejo mundo ni pueden resolver el conjunto de las necesidades de los ciudadanos.

Necesitamos un nuevo y verdadero pacto constitucional europeo respetuoso con todos los derechos fundamentales y que otorgue un protagonismo real tanto a las personas y organizaciones de la sociedad civil como a las entidades que conforman esa realidad plural y diversa que es Europa. Europa se enfrenta a uno de los desafíos más complejos y a la vez ilusionantes de toda su historia: construir un nuevo modelo de convivencia política, una nueva forma de democracia que, más allá de la mera yuxtaposición de los sistemas políticos actuales, sea capaz de acoger y desarrollar una nueva sociedad basada en la libertad, la igualdad, la equidad, la solidaridad, la justicia social, la diversidad y el desarrollo sostenible.

Sumidos en un contexto de desconcierto respecto al futuro andamiaje institucional de la Unión y sobre cómo solventar la crisis de identidad europea, es preciso reflexionar sobre los costes de la “no Europa”. ¿Qué ocurriría si no existiera Europa y volviésemos a la suma de autarquías estatales?

Pese a la desafección, la lejanía, la frustración, la indignación hacia la política europea, pese a todo, hay que exigir desde una rebelión cívica otra construcción europea, hay que apoyar a quien de forma sincera nos proponga una Europa más social, más abierta a la realidad de las naciones sin Estado, a la superación de los egoísmos estatales, a la potenciación de una verdadera Europa de los ciudadanos y de los pueblos europeos, superando el exclusivo protagonismo de los Estados.

Los ciudadanos europeos nos debatimos entre la desafección y el malestar ante la forma de comportarse y de reaccionar frente a la crisis de las instituciones europeas. No estamos en contra del proyecto europeo, sino de su actual rumbo. Es preciso reconstituir políticamente Europa. Hay que apostar por un liderazgo inequívocamente fuerte para reorientar bien la empresa común que representa Europa.

El punto débil de la UE, es decir, dar preferencia al mercado con respecto a la política, no sólo la vuelve impotente ante la crisis, sino que sobre todo le impide pensar en el futuro. Hoy no existe ninguna visión que impulse el futuro de Europa. La Unión tan sólo reacciona, y además con indolencia, ante los problemas coyunturales, inmediatos, absteniéndose de dar un paso adelante. Hoy asistimos a la tendencia contraria: el paso atrás ante todos los retos humanos y políticos que tenemos delante de nuestras casas, en la propia Europa.

La mejor y única opción es volver a los orígenes, en este caso, a los de la Unión: la Europa unida era desde el inicio el proyecto político de la unificación del continente. Un proyecto para construir una federación de naciones en torno a un proyecto de futuro compartido.

Juan José Álvarez es catedrático de Derecho Internacional Privado en la UPV/EHU y secretario de Globernance (Instituto de Gobernanza Democrática).

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