¿Qué efectos electorales tiene la corrupción?

voto

ELENA COSTAS

Para aquellos que analizamos los efectos electorales de la corrupción, España constituye uno de los casos de estudio más interesantes. A pesar de la preocupante falta de datos públicos sobre casos de corrupción en los juzgados españoles, los medios de comunicación han jugado un papel clave revelando información sobre escándalos que afectan a partidos en todos los niveles de gobierno. Por lo tanto, tenemos todos los elementos necesarios para el análisis: políticos corruptos, ciudadanos indignados y elecciones. Y, ante esto, nos preguntamos: ¿penalizan realmente los ciudadanos la corrupción en las urnas?

Durante los primeros años de la democracia pocos fueron los casos de corrupción publicados en los medios españoles y no parecía existir por parte de la población una demanda para aumentar el rendimiento de cuentas de los políticos. A partir de mediados de los noventa (con el cambio en el sector inmobiliario), aumentó en gran medida el número de escándalos, especialmente relacionados con el sector inmobiliario. Analizando las elecciones generales de 1996, son diversos los autores (link, y link) que afirman que la preocupación de los ciudadanos por la corrupción fue uno de los factores a tener en cuenta al decidir su voto. Sin embargo, existían otros problemas económicos y sociales que representaban una mayor preocupación para la ciudadanía, por lo que el efecto agregado sobre el voto de la corrupción fue muy moderado.

A inicios de los 2000’s se iniciaron varias investigaciones judiciales relacionadas con casos de corrupción política, y los medios realizaron una importante campaña de cobertura de los escándalos, que se intensificó especialmente alrededor de las elecciones municipales de 2007. A pesar de la gran visibilidad que los escándalos de corrupción vinculados al boom inmobiliario habían cobrado en los años previos, el resultado electoral de 2007 creó la percepción de que los votantes españoles tolerábamos la corrupción. Titulares como: “Las urnas perdonan a los imputados”, o “El PP, inmune a la corrupción”, son ilustrativos de esa idea de falta de castigo electoral.

Más allá de la percepción social y la opinión de los medios sobre la ausencia de castigo electoral, el 70% de los alcaldes que se enfrentaban a algún tipo de acusación de corrupción fueron reelegidos en las elecciones locales de 2007. Algunos análisis concluyen que no existe evidencia de ningún castigo electoral a aquellos candidatos investigados judicialmente por casos de corrupción. Sin embargo, teniendo en cuenta la popularidad electoral de los alcaldes, factor que puede sesgar el impacto de los escándalos de corrupción sobre el porcentaje de voto de los alcaldes si los gobernantes más votados son a su vez los más corruptos, otros estudios obtienen que aquellos alcaldes implicados en escándalos de corrupción se exponen a una pérdida de casi el 4% en su porcentaje de voto. Esta reducción de votos no es sin embargo suficiente para afectar a las probabilidades de reelección de los alcaldes corruptos. El castigo electoral es sensible a la cobertura mediática, siendo aquellos casos más visibles en los medios de comunicación los que obtienen una mayor penalización, así como a la implicación judicial (con una pérdida de hasta casi el 15% del porcentaje de voto, un valor nada desdeñable).

Para poder entender porque algunos escándalos de corrupción no son penalizados en las urnas, una alternativa es la de diferenciar entre el tipo de corrupción considerada. Para aquellos casos de corrupción que perjudicaban a la población del municipio, sólo beneficiando al alcalde, la pérdida de votos en las elecciones locales de mayo de 2011 alcanzaba el 4%. Sin embargo, en aquellos casos en los que los ciudadanos se podían ver beneficiados de algún modo de las prácticas corruptas, los alcaldes no sufrían ningún castigo electoral. Estos resultados revelan que puede existir un efecto compensación, que lleve a algunos ciudadanos a no penalizar electoralmente la corrupción.

¿Qué otras razones pueden llevar a algunos votantes a no penalizar la corrupción? Teniendo en cuenta la ideología política, el grado de vinculación con el partido político afectado por la corrupción podría determinar el castigo electoral realizado por los ciudadanos. La ideología de cada votante parece modificar la evaluación que éste hace de la corrupción. Aquellas personas con un sesgo partidista son más tolerantes a la corrupción si los políticos implicados pertenecen a su propio partido. Por otro lado, es importante tener en cuenta que los escándalos de corrupción pueden afectar a las tasas de participación electoral, favoreciendo así la reelección de los políticos acusados. La corrupción reduce el grado de confianza que tenemos en nuestros políticos, por lo que la existencia de escándalos repetidos en el tiempo puede generar un sentimiento de desafección de algunos ciudadanos con el sistema democrático, que les lleve a no querer participar en las elecciones.

A falta de un análisis riguroso de los resultados electorales de los comicios llevados a cabo en España en lo que llevamos de 2015, son distintos los factores que pueden explicar la percepción de que la factura de la corrupción empieza a salir cara en las urnas. En parte como consecuencia de la importante cobertura mediática que se ha llevado a cabo en los últimos años, dando información y visibilidad a los distintos escándalos, la sociedad española ve la corrupción como una de las principales lacras de nuestro país. Los datos del Barómetro del CIS indican que la preocupación de los españoles por la corrupción ha aumentado en gran medida desde el inicio de la crisis económica, situando hoy la corrupción y el fraude como el principal problema del país tras el paro. El gran impacto de la crisis en ciertos colectivos sociales, así como de alguna de las medidas tomadas para su solución, a la vez que nuevos escándalos eran descubiertos relacionados con el fraude de ingentes cantidades de dinero público, pueden conllevar una menor tolerancia social a la corrupción.

Sin embargo, no podemos olvidar que son diversos los estudios que demuestran que ya existía un castigo electoral previo a la corrupción que, debido a las características de los resultados electorales, tenía un impacto muy modesto en la probabilidad de reelección de los políticos acusados. Las mayores tasas de participación en algunos ayuntamientos (respecto a 2007), así como un escenario político más fragmentado, con mayores alternativas de voto en lugares altamente polarizados, pueden estar explicando que este castigo electoral asociado a la corrupción tenga hoy un impacto mayor. Es decir, existe conocimiento del problema, se le da importancia y se evalúa negativamente. Alcaldes, presidentes autonómicos y hasta el propio presidente del gobierno se enfrentan este año al mayor examen que los ciudadanos pueden realizar en un régimen democrático. El hecho de poder atribuir responsabilidades, así como de vislumbrar una alternativa política, es la pieza clave que determina si la corrupción pasa o no factura a los partidos implicados en los escándalos.

Elena Costas es investigadora postdoctoral en el Departamento de Economía de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escribe en Politikon. @elena_costas
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