Rerum novarum y el nacimiento de la democracia cristiana

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GUILLEM PURSALS

“La Iglesia pide a sus hijos que piensen duro y piensen limpio. Luego, les pide que hagan dos cosas con sus pensamientos. Primero, les pide que exterioricen esos pensamientos en el mundo concreto de la economía, el gobierno, el comercio y la educación, y que por la exteriorización de la belleza, limpien los pensamientos para producir una civilización bella y limpia”, escribía monseñor Fulton J. Sheen, obispo estadounidense, en 1956.

La doctrina social cristiana tiene su origen en 1682, cuando el clero francés firmó la Declaración de los Cuatro Artículos, escrita por Bossuet, en la que se declaraba políticamente dependiente y subordinado a la monarquía francesa en lugar de al Papa. Esta brecha, en plena revolución filosófica, permite que aparezca un movimiento social en el seno del catolicismo en Francia que no aparecería consolidado en otros países hasta la encíclica Rerum Novarum de 1891. Dos años después de la firma de la Declaración de los Cuatro Artículos, en la que se creó lo que se conocería como galicanismo, Juan Bautista de La Salle funda la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, cuya principal misión será la creación de una red de escuelas gratuitas para la formación de jóvenes pobres e hijos de trabajadores. Más adelante, él mismo consolidaría una red de centros de estudio formativo especializado, lo cual fue completamente revolucionario, ya que se enseñaba en grupo y en francés, no en latín.

La filosofía lasaliana se impregnó en todo el territorio, como también el galicanismo. Como consecuencia de ello, en plena Revolución francesa, se crea la Constitución Civil del Clero, por la que el clero francés pasa a ser, bajo juramento, una rama del funcionariado francés y pasa a depender directamente del Estado revolucionario, un hecho que, tras ser ejecutado Robespierre, se abolió. En 1801, Napoleón Bonaparte como cónsul negocia el Concordato con la Santa Sede para establecer la paz entre la Iglesia y Francia después de las medidas revolucionarias contraeclesiásticas del Terror. Es entonces cuando el régimen concordatario francés establece la libertad de culto católico en el país, el derecho del gobierno francés de nombrar a los eclesiásticos y que sea el Estado francés quien pague los salarios a los eclesiásticos del país, manteniéndose inalterable hasta 1905.

Así pues, después del Imperio napoleónico, las ideas de la revolución siguen vigentes y es entonces cuando aparecen dos eminentes figuras eclesiásticas en Francia que empiezan a crear una concienciación social a través de las bases del enciclopedismo: Félicité Robert de Lamennais y Henri-Dominique Lacordaire.

El primero, Lamennais, acabaría rompiendo con el Papado, estableciendo las bases del llamado socialismo cristiano, que va a favor de la separación de la Iglesia y el Estado, y por tanto la prevalencia de una doctrina cristiana sin Iglesia para conducir a las masas a través de la caridad hacia el progreso. Y por otro lado, Henri-Dominique Lacordaire, que abandonaría el enciclopedismo y se uniría fuertemente a la Iglesia, convirtiéndose así en el más célebre orador a favor de la justicia social católica desde el púlpito de Nuestra Señora de París. Vinculado a ambos, aparece Frédéric Ozanam, católico que funda la Sociedad de San Vicente de Paúl, cuyas principales máximas son promover la dignidad y la integridad humanas de los más necesitados.

Esta sociedad crece rápidamente por Francia, siendo considerada la primera institución que promueve la doctrina de la democracia cristiana. Incluso Ozanam será visto como uno de los precursores del concepto, junto con Lacordaire y Lamennais.

Pocos años después, en la península itálica, Luigi Taparelli d’Azeglio, jesuita y filósofo italiano, crea el término “justicia social”, y a través de la publicación de La Civiltà Cattolica, publicación todavía hoy existente, expande esta idea a través de todo el territorio. Años después, según un grupo de teólogos reunidos años antes por orden del pontífice León XIII, el corporativismo es definido como un sistema de organización social que tiene como base la agrupación de los hombres, de acuerdo a la comunidad de intereses naturales y funciones sociales, y como órganos verdaderos y adecuados al Estado dirigen y coordinan el trabajo y el capital en los intereses comunes.

Esta idea, en la que se habla claramente de la subsidiariedad y de los problemas que ha provocado la revolución industrial en las clases sociales más bajas y que pretende reivindicar que la Iglesia tome partido para solucionarlos, sería la que influenciase a León XIII a escribir en 1891 la encíclica Rerum Novarum, que establecería las bases de la doctrina social de la Iglesia, y que acabaría influenciando a la democracia cristiana a través de los años y del corporativismo cristiano. Este último, inspirado por la Primera Epístola de Pablo de Tarso a los corintios, que forma parte del Nuevo Testamento. Es por ello por lo que, para afrontar la deshumanización del ser humano y la falta de dignificación social que están sufriendo los trabajadores debido al sistema económico, se creará una nueva doctrina.

Una doctrina ésta fuertemente contraria al socialismo porque éste dificulta la “facultad de aumentar los bienes familiares y procurar utilidades” y promueve el odio entre las clases sociales, doctrina que además reivindica la propiedad privada como base del sistema corporativista para generar riqueza. Según el pontífice, el rol de la Iglesia es dar respuesta al problema social y por lo tanto, Estado y religión deben ir juntos. Y también carga contra el liberalismo, porque éste genera que haya una explotación entre los hombres y un abuso al tratarlos como si fuesen objetos lucrativos en lugar de personas.

La crítica hacia el socialismo y el liberalismo se mantendrá hasta nuestros días, aunque ya no la necesidad del predominio del corporativismo como sistema político.

La necesidad de organizar y crear una corriente política en las sociedades occidentales que defienda estas tesis, provoca que diferentes pontífices autoricen a los católicos a formar parte de los sistemas políticos democráticos para confeccionar una derecha política que defienda sus intereses, así como también la doctrina social frente al socialismo y al liberalismo. El nacimiento de la Acción Católica como consecuencia de la encíclica Il firmo proposito en 1905 es la semilla política de los partidos demócrata cristianos actuales, empezando a ser definida por Benedicto XV como la participación de los laicos en el apostolado jerárquico.

Luigi Sturzo, sacerdote italiano que se convirtió en político al ser el secretario general de la Acción Católica italiana, fundó, junto a De Gasperi, el Partido Popular Italiano, que abanderaba el corporativismo cristiano. Al ascender el fascismo en el país, tuvo que exiliarse al ser declarado el partido ilegal por las autoridades del nuevo régimen en 1925. En las elecciones de 1919 el partido obtuvo 100 de los 508 diputados, siendo por tanto una de las principales fuerzas políticas de la Italia de entreguerras. La mayoría de los miembros del PPI serían después los fundadores de la Democrazia Cristiana que prácticamente se mantendría en el poder desde 1946 hasta 1991. Ese mismo año, el pontífice Juan Pablo II, escribió la carta encíclica Centesimus Annus, con motivo del centenario de la Rerum Novarum, estableciendo un nuevo precepto democrático al respecto.

La flexibilización de la importancia de los valores y de la tradición católica hizo que algunas voces se levantaran en contra de los partidos demócrata cristianos por no respetar ni la democracia cristiana ni la doctrina social de la Iglesia. Llegando al hecho que, en 1981, Juan Pablo II condicionara su apoyo a la DC de Fanfani porque no promulgaba del todo con los valores cristianos aunque llevase la etiqueta de cristiano. El abandono de la cuestión moral en el seno del partido hizo tambalear el apoyo eclesiástico del partido a lo largo de la década de 1980.

Aun así, como escribe el pontífice Juan Pablo II en la carta encíclica de 1991, anteriormente citada: “La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica (…). Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia”.

Guillem Pursals es politólogo y Director de Seguridad. Columnista sobre Israel, Irán, Rusia y China en @RevistaEndavant. Vaticanista y analista de conflictos (@GPursals).

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